“Responsables de la paz y el destino democrático de Venezuela”
(RV).- (Con audio) Este miércoles, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado
sobre la situación del país, posterior al encuentro sostenido con representantes de
la Unasur, la Unión de Naciones Sudamericanas. En el comunicado, leído por Mons.
Diego Padrón, Arzobispo de Cumaná y Presidente de la Conferencia Episcopal de este
país, lo prelados hacen un llamado a todos los venezolanos y, especialmente a sus
gobernantes, a considerar la grave situación por la cual atraviesa el país, exhortándolos
al diálogo y a realizar un esfuerzo para crear nuevas bases que eviten el desmoronamiento
del país y que conduzcan a la reconciliación y a la democracia. (CM-RV)
Sobre
el comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana escuchemos
al p. David Gutiérrez del departamento de prensa de la CEV
Comunicado
de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana:
“Responsables
de la paz y el destino democrático de Venezuela”
1. La crisis que
desde el pasado 12 de Febrero vive Venezuela es sumamente grave tanto por su magnitud,
ya que abarca dimensiones diversas de la vida nacional, como por su duración, violencia
y nefastas consecuencias para nuestro presente y nuestro futuro. Por tal motivo, los
Obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana queremos dirigirnos
de nuevo a todos los venezolanos, cualquiera sea su simpatía política.
2.
Causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades
de la República de implantar el llamado "Plan de la Patria", detrás del cual se esconde
la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil
democrático; las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular, la de información
y opinión; la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad
jurídica y ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que
en nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la
brutal represión de la disidencia política; el intento de "pacificación" o apaciguamiento
por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física.
3.
Los estudiantes y otros manifestantes pacíficos, ejercen su legítimo derecho, previsto
en la Constitución, y merecen, por tanto, todo respeto. Las manifestaciones se han
visto a veces empañadas por actos de violencia que han dejado muertos, heridos y destrozos
en instituciones y propiedades. Es difícil señalar el origen de todos ellos, pero
es evidente que muchas acciones delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados
con el objeto de tergiversar o desacreditar las protestas y provocar su condena. El
empleo de barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así como la quema
de vehículos particulares y de servicio público, crean una situación que no se debe
aceptar ni aplaudir.
4. Reiteramos nuestra firme exigencia de que el Gobierno
desarme a los grupos civiles armados. Su actuación coordinada, siguiendo unos patrones
determinados, demuestra que no se trata de grupos aislados o espontáneos, sino entrenados
para intervenir violentamente. En muchos casos han actuado impunemente bajo la mirada
indiferente de las fuerzas del orden público, por lo cual la actuación de éstas ha
quedado seriamente cuestionada.
5. Lamentamos los asesinatos de civiles
y de Guardias Nacionales ocurridos en las manifestaciones. Queremos recordar que el
valor de la vida es absoluto y Dios lo protege con el quinto mandamiento. De igual
modo rechazamos la criminalización de la protesta ciudadana y la negación práctica
de los derechos humanos en el trato a los manifestantes. Denunciamos la abusiva y
desmedida represión contra ellos, las torturas de que han sido objeto muchas de las
personas detenidas y la persecución judicial a los Alcaldes y Diputados contrarios
al oficialismo.
6. La restricción de la información tanto en la prensa
como en los medios radioeléctricos atenta contra el derecho del pueblo a estar bien
informado y también contra la posibilidad de que se conozca la verdad de los hechos
y se sancione a los culpables. Sin determinar la verdad será imposible lograr la paz.
Una "Comisión de la Verdad" que sea plural y que genere confianza en los ciudadanos,
puede ser una gran ayuda.
7. El desabastecimiento, la carestía de la vida,
la inseguridad y las restricciones en la venta de gasolina, más notables en el interior
del país y en las zonas fronterizas, se traduce en angustia y malestar creciente de
la población. A esto se añade que no pocas personas inescrupulosas, amparados en la
crisis que atraviesa la nación, se han dedicado a especular con los bienes y servicios,
que han subido a precios exorbitantes. Si no se toman los necesarios correctivos a
estas situaciones, ellas serán una chispa que seguirá encendiendo la violencia.
8.
El Gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza. La represión no
es el camino. Con ella no ha podido evitar las manifestaciones de protesta ni dar
respuesta al descontento y la rebeldía de la gente. La salida de la crisis es clara:
el diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa
y condiciones de igualdad, y con gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales
de la necesaria rectificación. Consideramos oportuna y de gran valor la participación
de la Santa Sede en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. El pueblo venezolano
apreciará en sumo grado dicha participación y sabrá reconocer el valioso aporte de
la Iglesia.
9. Hacemos un llamado a todos los venezolanos, especialmente
a los dirigentes del Gobierno y de la oposición, a considerar la extrema gravedad
del momento presente, y a evitar que el país se siga desangrando y se derrumbe por
la violencia. Más aún, los exhortamos al dialogo y a poner todo su esfuerzo por construir
nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, la reconciliación y la búsqueda
de la normalización de la situación nacional.
10. La fe cristiana bien entendida
nos exige a todos los creyentes responsabilizarnos del destino del país, no permanecer
indiferentes sino más bien involucrarnos en la defensa de la vida, de los derechos
humanos, de la libertad y la democracia. Nadie que viva en Venezuela debe decir que
no le interesa o preocupa la violencia y las muertes que están aconteciendo en ciudades
y pueblos. Todos, sin excepción, somos responsables de la libertad, la paz y el destino
democrático de nuestra Patria.
11. Inspirados en la Palabra de Dios, todos
los creyentes en Cristo tenemos que asumir decididamente el servicio de la reconciliación.
Aprovechando la Cuaresma y la próxima Semana Santa, los sacerdotes, religiosas, laicos
comprometidos en acciones pastorales y los Obispos contribuiremos a edificar la paz
desde la verdad y la caridad, pues a la Iglesia le corresponde ser el ámbito de la
comunión donde todos podremos encontrarnos asumiendo razonablemente nuestras diferencias.
Como enseña San Pablo, nos toca derribar todo muro de división. Cristo es nuestra
paz (Ef 2,14)
12. Nos solidarizamos con la población de las ciudades que más
han sufrido la violencia y los efectos de la militarización. Particularmente con los
habitantes de San Cristóbal. Invitamos a todos los católicos a ofrecer a Dios el
AYUNO del próximo VIERNES SANTO EN SOLIDARIDAD con todas las familias que lloran a
sus seres queridos, pidiendo para ellas consuelo, esperanza y fortaleza espiritual.
13.
Invitamos a todos los ciudadanos, independientemente de su simpatía política, a unirnos
como venezolanos, a superar el odio y la violencia, a evitar falsos rumores e informaciones
que producen zozobra en la población y a comprometernos con Dios a resolver nuestros
conflictos de manera pacífica. Ponemos estas intenciones en las manos amorosas de
Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela.