El gobierno peruano ignora los estudios de impacto ambiental de sus inversiones

Lunes, 14 (RV).- El gobierno del Perú -como si no fuera cosa suya y con la secreta esperanza de que nadie lo advirtiera-, aprobó el pasado 18 de enero dos decretos de urgencia (001-2011 y 002-2001) con el fin de exonerar de la certificación ambiental en 33 proyectos de inversión. Los proyectos van desde la realización de carreteras, puertos y rutas fluviales hasta gaseoductos, centrales hidroeléctricas y minería. Afortunadamente, a casi un mes de la aprobación de dichos decretos de emergencia, la polémica sigue en pie, “hay que derogarlas”. A los contundentes reclamos de la Defensoría del Pueblo y de la iglesia católica se sumaron las instituciones ambientalistas, la opinión pública y los juristas han planteando la inconstitucionalidad de dichos decretos. Si bien nadie puede oponerse a una inversión que genere recursos y fuentes de trabajo, hay que tener en cuenta que cualquier iniciativa económica que pase por afectar el medio ambiente y derechos de las personas es inadmisible. A esto no se le puede llamar desarrollo o progreso económico. Este tipo de políticas economicistas recuerdan el dicho “más vale pájaro en mano que cien volando…” la cuestión es si alguno sobrevivirá…
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