España: el arzobispo de Burgos califica la Ley del Aborto como contraria a la razón y la justicia

Lunes, 12 jul (RV).- ‘Impidamos la tiranía’. Es la carta pastoral de Mons. Francisco Gil Hellín a propósito de la entrada en vigor de la Ley del Aborto en España. En calidad de «simple ciudadano» - recordando que no es un político ni un magistrado, pero sí «responsable de una comunidad cristiana», el arzobispo de Burgos, desde ésta su doble condición, quiere hacer «un llamamiento a la cordura y al buen sentido: ¡salgamos al encuentro de todas las madres que se encuentran en dificultades y facilitemos su maternidad con todos los medios de que disponemos, que son muchos! Y con el mismo empeño tratemos de parar esta lacra del aborto que, sólo en España, ha destruido ya más personas que las que hay en las ciudades de Zaragoza, Córdoba y Burgos».

Mons. Francisco Gil Hellín empieza su carta pastoral señalando que «en la vida de las personas, instituciones y pueblos existen fechas que se borrarían del calendario, si la historia pudiese rebobinar sus páginas. El 5 de julio de 2010 es una de ellas para los españoles. Ese día, en efecto, se ha promulgado una ley inicua, que se opone frontalmente a la recta razón y a la justicia más elemental. Tal es la ley que establece que los españoles tienen derecho a matar a los no-nacidos, con tal que lo hagan antes de las catorce semanas. Digámoslo con total claridad: esta ley no es ley, aunque se presente así por algunas instancias políticas y legislativas. Y no lo es, porque nadie tiene derecho a eliminar a un inocente. Por eso, no obliga. Más aún, reclama una oposición frontal y sin distingos».

«La recta razón no puede admitir como derecho, matar a una persona que no tiene ninguna culpa» advierte el arzobispo de Burgos. Y añade: «He dicho “razón”, no religión. Porque el derecho a existir de una persona ya concebida, aunque todavía no haya nacido, no es una creencia de esta o aquella religión. No se requiere ser creyente para afirmar que un inocente tiene derecho a ser defendido y respetado en su integridad. La recta razón comprende que una persona humana no puede ser destruida por una responsabilidad ajena. Menos todavía si es por ganar dinero o votos. El sentido común se rebela. Es una falacia afirmar que esta ley ha sido aprobada por la mayoría del Parlamento y que éste representa a la mayoría de los ciudadanos; o decir que si el Tribunal Constitucional lo dictamina conforme, sería una desobediencia oponerse, y merecería una sanción».

Dejando claro que «la falacia consiste en atribuir a políticos, jueces o ciudadanos un derecho que no tienen. Y nadie tiene derecho a legislar que se puede matar a un inocente», Mons. Gil Hellín pregunta «¿Qué sociedad subsistiría si declarase que es un derecho ciudadano matar a las personas inocentes por mayoría? En el mejor de los supuestos, se convertiría en una tiranía, contra la cual deberían reaccionar las personas rectas, según este consejo de Gandhi: “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”. No se puede decir con más acierto. Porque lo que está en juego es que unos puedan dominar tiránicamente a otros. Es indiferente que esos “dominadores” lleven un apellido u otro».