Cultura y Humanismo: la pena de muerte

Miércoles, 10 ene (RV).- Este 2007 inició con la conmoción mundial por el ahorcamiento de Sadan Husein, un dictador que realizó una dura política de terror en su país y que tras una guerra “dudosa” fue encarcelado y enjuiciado después, por sus propios órganos penales que le condenaron a la muerte. Al conocerse la noticia el propio Vaticano, a través de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, señaló que “matar al culpable no es el camino para reconstruir la justicia y reconciliar a la sociedad, aún más, existe el riego de que se alimente el afán de venganza y se siembre nueva violencia”. La declaración terminaba destacando que “en este tiempo oscuro de la vida del pueblo iraquí no se puede dejar de anhelar que todos los responsables cumplan verdaderamente todo esfuerzo, con el fin de que, en una situación dramática, se vislumbren atisbos de reconciliación y de paz”.

La realidad es que la pena de muerte sigue existiendo en nuestro mundo. Aunque más de la mitad de los países han abolido la pena capital, en su legislación o en la práctica en los últimos años, muchos otros la siguen practicando. En la última década, una media de más de tres países al año la ha suprimido en su ordenamiento jurídico, o si ya lo habían hecho para los delitos comunes, la han extendido a todos los delitos.

El país con mayor número de penas de muerte fue China, con 1.770, frente a las 3.400 constatadas por Amnistía Internacional (AI) en 2004, aunque la organización calcula, no obstante, que la cifra real de ejecuciones en el gigante asiático en el 2005 podrían acercarse a las 8.000. Además de China, otros 21 países aplicaron penas de muerte en 2005, entre ellos Irán y Arabia Saudí, donde hubo al menos 94 y 86 ejecuciones, respectivamente, mientras que en Estados Unidos se registraron 60, una más que en el año anterior. El resto de países donde hubo ejecuciones en 2005 fueron Bangladesh, Bielorrusia, Indonesia, Irak, Japón, Jordania, Corea del Norte, Kuwait, Libia, Mongolia, Pakistán, Singapur, Somalia, Taiwán, Uzbekistán, Vietnam y Yemen, además de en los territorios para jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Los defensores de los derechos humanos sospechan que las estadísticas de las ejecuciones son poco fiables porque muchos países lo mantienen en secreto para evitar la condena internacional. Todavía en el siglo XXI hay países donde son frecuentes las muertes extrajudiciales organizadas desde el poder.

Los 46 países miembros del Consejo de Europa son abolicionistas en su totalidad, excepto Letonia que la ha abolido para delitos comunes y Rusia que la mantiene, aunque no la aplica desde 1999. A iniciativa de la Asamblea Parlamentaria, el protocolo seis de la Convención Europea de Derechos Humanos abolió la pena de muerte en tiempos de paz en 1985.
Respecto al continente americano destaca el caso de EEUU, única democracia occidental que reconoce la pena capital en la mayoría de sus estados. Aunque está presente en los códigos penales de otros países de América, sólo Cuba la ha aplicado en los últimos años.
En Africa, las ejecuciones quedan camufladas entre los constantes conflictos armados e interétnicos, las cifras son incompletas porque tanto gobiernos como guerrillas son responsables de ejecuciones extrajudiciales.

En Asia existen las situaciones más graves respecto a la pena de muerte. En China se aplica por delitos menores y en Irán se llevan a cabo ejecuciones, algunas por delitos sexuales, en aplicación de la ley islámica. Uno de los métodos utilizados es la lapidación, también empleado por países como Siria, Jordania, Arabia Saudí, entre otros.

Gran parte de las ejecuciones legales realizadas en la última década fueron públicas. Irán, Irak, China, Nigeria, Pakistán y Arabia Saudí fueron los países en donde estos acontecimientos fueron presenciados por miles de personas.
Más de la mitad de países que todavía imponen la pena de muerte tienen estatutos que prohíben su aplicación sobre menores de 18 años y solamente se tienen noticias recientes de ejecuciones en EEUU, Pakistán, Bangladesh, Barbados, Irán y Ruanda.

Ante estas realidades, la reciente petición del gobierno italiano a la Unión Europea de poner una moratoria a la pena de muerte cobra especial énfasis, sobre todo constatando que se van uniendo los demás países de la Unión, esperemos que se llegue a un consenso, para que de este modo, se pueda lograr poco a poco que el resto del mundo se sume a una condena de una pena que no soluciona nada ejecutando a un culpable, sino que, como decía el Vaticano, genera violencia.