Lunes, 11 dic (RV).- Más de una de cada seis personas del mundo vive en la pobreza,
es decir, con menos de un dólar por día. Pero la pobreza no se refiere únicamente
a la falta de dinero, también se refiere a no contar con los materiales y los recursos
para atender las necesidades básicas de la persona. Por este motivo, el Día de los
Derechos Humanos 2006, que se celebró ayer domingo 10 de diciembre en todo el mundo,
se centró en la lucha contra la pobreza como una obligación, no como caridad.
“Los
Derechos Humanos y la Pobreza”, ha sido el tema elegido para este 2006 por Naciones
Unidas en el Día dedicado precisamente a los Derechos Humanos, porque frecuentemente
la pobreza es consecuencia y causa de abusos de estos derechos.
Sin acceso
a cosas tales como el empleo, la atención básica de la salud, la educación y otras
tan esenciales como los alimentos, la ropa y el agua, muchos pobres carecen de los
medios para mejorar su vida y están condenados a una vida de pobreza. La discriminación
sobre la base de la raza, la religión, el género u otras razones pueden impedir que
la gente tenga un acceso adecuado a los servicios y participe en el proceso político
de su país. Pese a que los niveles de vida varían notablemente entre las naciones
y dentro de ellas, los efectos de la pobreza y la denegación de los derechos humanos
básicos permanecen constantes: hambre, desamparo, poca o ninguna educación y falta
de recursos básicos.
Siguiendo las palabras de Benedicto XVI respeto de los
derechos humanos y el bien común y, por tanto, de la libertad auténtica y de la justicia:
“Se trata de un compromiso específico e insustituible, que puede llegar a ser aún
más eficaz si se unen las fuerzas de todos los que colaboran con dedicación fiel en
la misión de la Iglesia en el mundo”.
Según el Informe 2006 de Amnistía Internacional
sobre Derechos Humanos, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en materia de pobreza.
Les ofrecemos algunos de los datos de este informe.
Empecemos con África. En
este continente el número de conflictos armados disminuyó tras la firma de varios
acuerdos de paz en 2005. Pero continuaron los homicidios y violaciones generalizados
–el caso más terrible es el de Darfur– frente a un telón de fondo de pobreza y enfermedad.
En América, la impunidad sufrió otro golpe con las medidas tomadas para llevar ante
la justicia a los ex presidentes Augusto Pinochet y Alberto Fujimori. Como contraste,
sin embargo, existía una indiferencia oficial hacia los asesinatos de centenares de
mujeres en El Salvador, Guatemala y México. Estados Unidos, se lee en el documento
de Amnistía Internacional, continuó implacable su “guerra contra el terror” bajo un
velo de secreto, transfiriendo ilegalmente a sospechosos por todo el mundo, ignorando
las denuncias de tortura y malos tratos y negándose a cerrar el campo de detención
de la Bahía de Guantánamo o a desvelar dónde mantiene recluidas a otras personas.
En
la región de Asia y Oceanía, una comunidad de derechos humanos vibrante y valerosa
obligó al rey de Nepal a reinstaurar el Parlamento y abrir un diálogo político en
un país devastado por un decenio de conflicto. Pero en contraste, en Sri Lanka y en
el sur de Tailandia aparecieron peligrosas señales de nueva violencia y abusos contra
los derechos humanos. En China, los disturbios rurales sacaron a la luz la cara oscura
de la globalización, que ignora los derechos económicos y sociales de los sectores
pobres y marginados. Se recibieron informes de detenciones arbitrarias en nombre de
la “guerra contra el terror” en Afganistán y Pakistán.
En Oriente Medio y el
Norte de África, nuevas leyes y políticas llevaron esperanza a las mujeres de Kuwait
y Marruecos. Sin embargo, Irak continuó su desastrosa pendiente hacia la violencia
sectaria, e Israel y los Territorios Ocupados quedaron fuera de la agenda internacional.
En muchos países continuaron la tortura, las detenciones arbitrarias y los juicios
injustos. Sin dejarse intimidar, el colectivo de activistas de derechos humanos trabajó
para organizarse. Por último, en Europa y Asia Central, las revelaciones sobre la
connivencia entre los gobiernos europeos y el gobierno estadounidense en la “guerra
contra el terror” llevaron al Consejo de Europa y al Parlamento de la UE a abrir investigaciones,
dejando claro que las detenciones secretas y la práctica de las “entregas extraordinarias”
eran inaceptables. Todo esto tuvo lugar contra un telón de fondo de creciente racismo
e intolerancia, por ejemplo en Rusia y Francia, y de creciente represión en Uzbekistán.