El Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU defiende la compatibilidad del ambiente con los planes de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza

Viernes, 4 nov (RV).- El Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas ha defendido la compatibilidad del ambiente con los planes de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el Arzobispo Celestino Migliore aseguró que “sin control ambiental, el desarrollo nunca tendrá un sano fundamento y sin desarrollo nunca podrán realizarse inversiones que protejan el ambiente”.

Para Mons. Migliore, “la responsabilidad y la solidaridad están de tal forma relacionadas que la acción en favor del ambiente es una afirmación de confianza en el destino de la humanidad agrupado en torno a un proyecto común por el bien de todos”. El Prelado recordó además la declaración de Río que reafirma que “los seres humanos están en el centro de las cuestiones inherentes al desarrollo sostenible” y, en este sentido, lamentó “las numerosas dificultades encontradas para afrontar los problemas de la degradación ambiental global, los cambios climáticos, la falta de agua potable, la deforestación y la desertificación. Todos ellos muestran la complejidad para hacer frente a los problemas del desarrollo de forma coherente e integrada y la necesidad de sustituir iniciativas fragmentarias con intervenciones multi sectoriales”.

En cuanto a la energía, el Observador Permanente de la Santa Sede subrayó que “en los próximos 50 años, el mundo tendrá cada vez más necesidad de energía, por lo que es imprescindible que las próximas generaciones inicien inmediatamente acciones responsables en tal sentido”. En este contexto, los Gobiernos africanos y los países donantes han anunciado la creación de una gran alianza contra la desertización, denoninada ‘TerrAfrica’, con el objetivo de poner en marcha políticas y medidas concretas contra la degradación del suelo en el continente. Para ello, el plan pretende atraer 4.000 millones de dólares en fondos para los próximos 12 años y constituir una fundación que gestione estos fondos, cuyo destino será financiar estudios e investigaciones sobre la desertización.

Aparte del Banco Mundial, en el proyecto participan también Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comisión Europa y algunos Gobiernos africanos. Según las estimaciones de los expertos de la ONU, el 65% de los habitantes del continente africano sufre las consecuencias de la degradación medioambiental y del suelo, sobre todo en las áreas sometidas a la deforestación para uso agrícola.