Córdoba: Intervenciones de la Santa Sede en la Conferencia sobre “Antisemitismo y
otras formas de intolerancia”
Martes, 14 jun (RV).- Los pasados 8 y 9 de junio se ha celebrado en Córdoba (España),
una conferencia internacional, promovida por la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa, sobre el “Antisemitismo y otras formas de intolerancia”. La
Santa Sede ha participado con una delegación encabezada por Mons. Antonio Cañizares,
arzobispo de Toledo, e integrada por Mons. Ettore Balestrero, Oficial de la Secretaría
de Estado, el profesor Vincenzo Buonomo, docente de derecho internacional y la doctora
Adriana Opromolla, Consultora del Secretariado de la COMECE. A continuación reproducimos
las intervenciones del jefe de la delegación en la sesión de apretura y en la quinta
sesión de la Conferencia, dedicada al tema específico de la “lucha contra la discriminación
y la intolerancia contra los cristianos y los miembros de otras religiones.
Sesión de apertura
Señor Presidente:
La delegación de la Santa Sede desea congratularse con el Gobierno español por el
gran interés con el cual ha organizado esta Conferencia, junto con la Presidencia
eslovena.
1. En la emblemática ciudad de Córdoba, la OSCE vive una nueva e importante etapa
de su compromiso contra el antisemitismo y otras formas de intolerancia, que el año
pasado ha tenido como momentos destacados las Conferencias de Berlín, Bruselas y París
y, sucesivamente, la institución de 3 Representantes Personales del Presidente en
ejercicio.
La Santa Sede apoya este camino, apreciando el deseo de actuar concretamente las actividades
hasta ahora emprendidas y las decisiones adoptadas para promover la dignidad de la
persona humana.
2. La historia ha mostrado, también recientemente, las trágicas consecuencias que
se producen cuando se niega dicha dignidad o se la reduce a una proclamación meramente
formal, mientras se practican medidas totalmente contrarias a los derechos humanos,
que tienen en ella su fundamento y su fin.
Como recordó el Papa Juan Pablo II en el sexagésimo aniversario de la liberación de
los prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, aquel intento de destruir
sistemáticamente todo un pueblo se extiende como una sombra sobre Europa y sobre el
mundo entero; un crimen que ensombrece para siempre la historia de la humanidad.
La enorme tragedia del holocausto es también una dramática llamada para educar, sobre
todo a las jóvenes generaciones, a no ceder ante ideologías que justifican la posibilidad
de “pisotear” la dignidad humana basándose en la diversidad étnica, lingüística, nacional
o religiosa.
La Iglesia Católica – ha declarado solemnemente el Concilio Vaticano II – deplora
todas las manifestaciones de antisemitismo de que han sido objeto los Judíos de cualquier
tiempo y por parte de cualquier persona (Nostra Aetate, n. 4), condena la discriminación
y advierte que se ha de huir también de la intolerancia, que casi siempre se transforma
en limitación de los derechos y libertades, y que puede llegar incluso a la marginación
y la opresión de la persona humana y de las comunidades a las que pertenece.
La Santa Sede se alegra de que el diálogo interreligioso favorezca y promueva la tolerancia,
el reconocimiento mutuo y, por tanto, una coexistencia entre los Pueblos que sea factor
de paz. Precisamente porque desea sea así, rehuye subordinar dicho diálogo a una finalidad
meramente pragmática y política. En efecto, esto degrada tanto a Dios como al hombre
mismo, “mortifica” la tolerancia en vez de promoverla, porque la evalúa con el parámetro
precario y mudable de los equilibrios políticos, en vez de confrontarla con el metro
seguro de la verdad y la dignidad humana.
3. La eficacia de la acción de la OSCE contra la discriminación y la intolerancia
depende en buena medida de la credibilidad de dicho compromiso y, por tanto, también
de su carácter “inclusivo” y coherente con la reflexión y el camino hasta ahora realizado.
La delegación de la Santa Sede desea por tanto subrayar una vez más que, en el área
geográfica que abarca esta organización, la intolerancia y la discriminación contra
los cristianos y los miembros de las otras religiones son fenómenos preocupantes,
a los que hace falta poner fin con la misma determinación con que se combate el antisemitismo
y la discriminación de los musulmanes. En efecto, sería paradójico omitir medidas
concretas para garantizar a los cristianos y a los miembros de las otras religiones
la libertad religiosa sin forma alguna de discriminación e intolerancia, precisamente
cuando en un plan general se trata de eliminar la discriminación y la intolerancia.
Hace falta, además, evitar que se haga del antisemitismo, las discriminaciones de
los musulmanes o de los cristianos una especie de jerarquía. Cada una de estas “plagas”
hace que el hombre “se enferme”, lo degrada y, por tanto, ha de ser “curada” con rapidez.
Para evitar eventuales reticencias o una injustificada selectividad en las actuaciones
por parte de los Estados miembros, es preciso pues asegurar un correcto equilibrio
entre los compromisos adoptados por ellos mismos, en la perspectiva de las tres orientaciones
antes recordadas.
La Santa Sede desea, por tanto, que la Conferencia de Córdoba sea una ocasión propicia
para que la OSCE se comprometa a establecer instrumentos y mecanismos eficaces para
combatir y contrastar prejuicios y falsas representaciones de los cristianos y de
los miembros de las otras religiones sobre los mass-media y en el ámbito de los procesos
educativos, y anime la contribución concreta de las Iglesias y las comunidades religiosas
a la vida pública de los Países.
La Santa Sede seguirá colaborando con la OSCE para que su compromiso contra el antisemitismo
y otras formas de intolerancia, también en materia religiosa, tutele y promueva la
dignidad humana, que es el centro de las grandes causas promovidas por esta Organización.
Sesión 5:
La lucha contra la intolerancia y la discriminación contra los cristianos y los
miembros de las otras religiones: el respeto de la identidad religiosa en una sociedad
pluralista
Señora Moderadora,
1. Después del Consejo Ministerial de Sofía, la Santa Sede ha sentido más apremiantemente
aún la exigencia de examinar con atención y serena objetividad la naturaleza y la
tipología de las discriminaciones y la intolerancia contra los cristianos y contra
los miembros de las otras religiones. Por lo demás, eso concuerda con la trayectoria
tradicional y el reconocido empeño en la OSCE de dar voz también a los fieles de las
otras confesiones religiosas.
Se ha notado que las problemáticas debatidas en la presente sesión no conciernen solamente
a los cristianos individualmente, sino también a las confesiones religiosas en cuánto
tales; no perjudican sólo a los grupos religiosos minoritarios, sino también a los
que son mayoría. Resulta simplista imputar sistemáticamente a las religiones de mayoría
la falta o escasa tutela de las otras comunidades religiosas por parte de las autoridades
estatales.
Se ha subrayado también que cuanto amenaza a las identidades religiosas existe tanto
al este como al oeste de Viena, si bien con modalidades diferentes y tonalidades más
o menos intensas, según los lugares, los tiempos y las circunstancias.
2. A pesar de los compromisos adoptados por los Estados miembros de la OSCE en el
campo de la libertad religiosa, en algunos Países subsisten normativas, decisiones
o comportamientos – de acción u omisión – que niegan dicha libertad y son de carácter
intolerante, e incluso discriminatorio, respecto a las Iglesias y comunidades cristianas,
a las otras comunidades religiosas, así como a sus fieles. Persisten restricciones
indebidas al reconocimiento legal de tales Iglesias y comunidades, a la importación
y la difusión de su material religioso. Se dan largas a ciertos retrasos de manera
injustificada, y hasta se rechaza abiertamente la devolución de las propiedades que
les habían sido confiscadas o destinadas a sujetos distintos de sus legítimos propietarios.
Se producen injerencias en su autonomía organizativa, obstaculizando así su coherencia
con las propias convicciones morales. Se detectan algunas presiones que contrastan
con la libertad de los funcionarios de la administración pública de actuar de acuerdo
con el dictamen de la propia conciencia.
Sucede en ocasiones que, en presencia de una religión mayoritaria, las Autoridades
civiles no reconozcan la personalidad jurídica de las Iglesias o comunidades minoritarias,
y que su propia vida interna sea objeto de limitaciones: en la formación del clero,
en la adquisición de propiedades, etc.
A veces hay carencias en la educación cívica al respeto de la identidad y los principios
cristianos y de las otras religiones, y se detectan resistencias a reconocer el papel
público de la religión. Y, sin embargo, el compromiso tradicional de la OSCE en favor
de la libertad religiosa nace precisamente de una clara toma de conciencia de que
dicha libertad caracteriza una dimensión fundamental del hombre y no concierne sólo
a su vida privada. Lo recordó también el Papa Juan Pablo II a comienzos de 2004, dirigiéndose
al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. En efecto, en aquella ocasión
el Pontífice hacía notar que aunque todos están de acuerdo en respetar el sentimiento
religioso de las personas, no se puede decir lo mismo [...] de la dimensión social
de las religiones, olvidando en esto los compromisos asumidos en el marco de la que
entonces se llamaba la “Conferencia sobre la Cooperación y la Seguridad en Europa”.
3. Es notorio que el cristianismo representa la religión mayoritaria en muchos Países
miembros de la OSCE; más aún, es un elemento que caracteriza la historia y marca la
identidad, la cultura, la vida social y las instituciones de sus Pueblos. La contribución
específica aportada por los cristianos a la construcción y buen funcionamiento de
nuestros sistemas democráticos es, pues, un valor añadido para la sociedad, de tal
modo que valorizarlo es una garantía y la expresión de un correcto pluralismo. La
distinción entre poder espiritual y civil, en efecto, no comporta alejamiento, indiferencia
o incomunicabilidad, sino diálogo y confrontación al servicio del auténtico bien de
la persona humana. Laicidad no es laicismo, subrayó el Papa Juan Pablo II en el mencionado
discurso. Añadió, además, que el Estado laico asegura el libre ejercicio de las actividades
del culto, espirituales, culturales y caritativas de las comunidades de creyentes.
En una sociedad pluralista, la laicidad es un lugar de comunicación entre las diversas
tradiciones espirituales y la nación.
Por este motivo, si las comunidades religiosas manifiestan reservas o proponen alternativas
respecto a decisiones legislativas o disposiciones administrativas, no debe ser considerado
ipso facto como una forma de intolerancia, a menos que dichas comunidades, en vez
de proponer, quieran imponer sus propias convicciones y ejercer presiones sobre la
conciencia de los demás. Desde el lado opuesto, sería intolerante tratar de impedir
que tales comunidades se expresen del modo indicado, o denigrarlas por el simple hecho
de no compartir las decisiones que son contrarias a la dignidad humana.
El relativismo ético – que no reconoce nada como definitivo – no puede ser considerado
como una condición de la democracia, como si fuera lo único que garantiza la tolerancia,
el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría.
Una sana democracia promueve la dignidad de cada persona humana y el respeto de sus
derechos intangible e inalienables. Sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia
puede asegurar una paz estable (cfr. Evangelium Vitae, n.70).
4. Tampoco faltan en los medios de comunicación actitudes intolerantes y en ocasiones
incluso denigratorias respecto a los cristianos y los miembros de las otras religiones.
El pluralismo efectivo en los medios de comunicación requiere una información correcta
sobre los hechos religiosos, la garantía de que también las comunidades religiosas
tengan acceso a ellos y que en dichos medios se prescinda de los hate-speeches sobre
los cristianos y los miembros de las otras religiones. En el pleno respeto de la libertad
de expresión, se han de disponer mecanismos o instrumentos coherentes con el orden
jurídico de cada País, que defiendan los mensajes de las comunidades religiosas de
la manipulación y eviten la presentación irrespetuosa de sus miembros.
La Santa Sede desea, por tanto, que la Conferencia de Córdoba sea una ocasión propicia
para que la OSCE se comprometa a establecer instrumentos y mecanismos eficaces para
combatir y contrastar prejuicios y falsas representaciones de los cristianos y de
los miembros de las otras religiones sobre los mass-media y en el ámbito de los procesos
educativos, y anime la contribución concreta de las Iglesias y las comunidades religiosas
a la vida pública de los Países, garantizándoles su identidad específica y reconociendo
su aportación fundamental a la construcción de una sociedad al servicio de la persona
humana.