Nota de prensa del episcopado español sobre “Naciones y Nacionalismos”
Sábado, 8 de enero (RV) “Naciones y nacionalismos” es el título de la nota de prensa
enviada por el episcopado español tras la aprobación, el pasado día 30 de diciembre,
de la “Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi”. A lo largo de
la nota se pone de manifiesto cuales son las diferencias y las relaciones entre los
términos nación y nacionalismo, en base a la Instrucción Pastoral “Valoración moral
del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias”, publicada en noviembre
de 2002. Les ofrecemos en texto íntegro de la nota de prensa.
27. “La nación – dice Juan Pablo II - es la gran comunidad de los hombres que están
unidos por diversos vínculos, pero sobre todo, precisamente, por la cultura”. Ahora
bien, las culturas no son nunca de por sí compartimentos estancos, y deben ser capaces
de abrirse unas a otras. Están constituidas ya de antemano a base del rico intercambio
del diálogo histórico entre ellas. Todas necesitan dejarse impregnar por el Evangelio.
28. Las naciones, en cuanto ámbitos culturales del desarrollo de las personas, están
dotadas de una “soberanía” espiritual propia y, por tanto, no se les puede impedir
el ejercicio y cultivo de los valores que conforman su identidad. Esta “soberanía”
espiritual de las naciones puede expresarse también en la soberanía política, pero
ésta no es una implicación necesaria. Cuando determinadas naciones o realidades nacionales
se hallan legítimamente vinculadas por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales
y políticos a otras naciones dentro de un mismo Estado no puede decirse que dichas
naciones gocen necesariamente de un derecho a la soberanía política.
29. Las naciones, aisladamente consideradas, no gozan de un derecho absoluto a decidir
sobre su propio destino. Esta concepción significaría, en el caso de las personas,
un individualismo insolidario. De modo análogo, resulta moralmente inaceptable que
las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad
y, en concreto, la reclamación de la independencia en virtud de su sola voluntad.
La “virtud” política de la solidaridad, o, si se quiere, la caridad social, exige
a los pueblos la atención al bien común de la comunidad cultural y política de la
que forman parte. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario
de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta,
pero no en el de una secesión.
30. En consecuencia, no es moral cualquier modo de propugnar la independencia de cualquier
grupo y la creación de un nuevo Estado, y en esto la Iglesia siente la obligación
de pronunciarse ante los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad. Cuando
la voluntad de independencia se convierte en principio absoluto de la acción política
y es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es equiparable a una idolatría de
la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social. Tal forma
inmoderada de “culto” a la nación es un riesgo especialmente grave cuando se pierde
el sentido cristiano de la vida y se alimenta una concepción nihilista de la sociedad
y de su articulación política. (...)
31. Por nacionalismo se entiende una determinada opción política que hace de la defensa
y del desarrollo de la identidad de una nación el eje de sus actividades. La Iglesia,
madre y maestra de todos los pueblos, acepta las opciones políticas de tipo nacionalista
que se ajusten a la norma moral y a las exigencias del bien común. Se trata de una
opción que, en ocasiones, puede mostrarse especialmente conveniente. El amor a la
propia nación o a la patria, que es necesario cultivar, puede manifestarse como una
opción política nacionalista.
La opción nacionalista, sin embargo, como cualquier opción política, no puede ser
absoluta. Para ser legítima debe mantenerse en los límites de la moral y de la justicia,
y debe evitar un doble peligro: el primero, considerarse a sí misma como la única
forma coherente de proponer el amor a la nación; el segundo, defender los propios
valores nacionales excluyendo y menospreciando los de otras realidades nacionales
o estatales.
Los nacionalismos, al igual que las demás opciones políticas, deben estar ordenados
al bien común de todos los ciudadanos, apoyándose en argumentos verdaderos y teniendo
en cuenta los derechos de los demás y los valores nacidos de la convivencia.
32. Cuando las condiciones señaladas no se respetan, el nacionalismo degenera en una
ideología y un proyecto político excluyente, incapaz de reconocer y proteger los derechos
de los ciudadanos, tentado de las aspiraciones totalitarias que afectan a cualquier
opción política que absolutiza sus propios objetivos. De la naturaleza perniciosa
de este nacionalismo ha advertido el Magisterio de la Iglesia en numerosas ocasiones.
(...)
33. (...) Todo proyecto político, para merecer un juicio moral positivo, ha de ponerse
al servicio de las personas y no a la inversa. Es decir, que la justa ordenación de
las naciones y de los Estados nunca puede constreñir ni vulnerar los derechos humanos
fundamentales, sino que los tutela y los promueve. De modo que no es moralmente aceptable
ninguna concepción para la cual la nación, el Estado o las relaciones entre ambos
se pongan por encima del ejercicio integral de los derechos básicos de las personas.
La pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponda el derecho
de constituirse en Estado, ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas
entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales
o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza, dan lugar a un nacionalismo
totalitario, que es incompatible con la doctrina católica.
34. Por ser la nación un hecho, en primer lugar, cultural, el Magisterio de la Iglesia
lo ha distinguido cuidadosamente del Estado. A diferencia de la nación, el Estado
es una realidad primariamente política; pero puede coincidir con una sola nación o
bien albergar en su seno varias naciones o entidades nacionales. La configuración
propia de cada Estado es normalmente fruto de largos y complejos procesos históricos.
Estos procesos no pueden ser ignorados ni, menos aún, distorsionados o falsificados
al servicio de intereses particulares.
35. España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro
la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin
valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente
ni moralmente aceptable.
La Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia.
Recientemente, los obispos españoles afirmábamos: “La Constitución de 1978 no es perfecta,
como toda obra humana, pero la vemos como el fruto maduro de una voluntad sincera
de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica
entre todos”. Se trata, por tanto, de una norma modificable, pero todo proceso de
cambio debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico.
Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada
voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar
y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria.