2015-07-31 14:17:00

El grito de los que sufren por la minería se escuchó en el Vaticano


Del 17 a 19 de julio de 2015, se realizó en Roma el encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras, organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz en colaboración con la red latinoamericana Iglesias y Minería, con el lema “Unidos a Dios escuchamos un grito”.

Participaron en el encuentro líderes de 18 países del mundo: Chile, Perú, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia, Mozambique, Ghana, República Democrática del Congo, India y Filipinas.

En ocasión de este encuentro, los participantes de las comunidades afectadas por la minería, recibidas en Roma por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, escribieron el pasado 28 de julio, una Carta abierta.

“Un encuentro altamente esperado por nuestras comunidades – afirman los participantes en la carta, donde además expresan que las comunidades afectadas se están organizando  “progresivamente para denunciar las graves violaciones  a los  derechos  humanos sufridas por la destrucción y  contaminación del medio ambiente,  la perdida de la economía propia y los vínculos con el crimen organizado que son generados por la industria minera. “Las comunidades – enfatizan –  también se organizan para establecer estrategias comunes de resistencia y alternativas”.

“El objetivo de este encuentro es reconocer su dignidad” afirmó por su parte el cardenal Turkson, presidente del PCJP . “Somos conscientes de su aislamiento, de la violación de derechos humanos, de la persecución, del desequilibrio de poder”. El Papa Francisco la definió “la inmensa dignidad de los pobres” (Laudato Sí 158). La Iglesia Católica está encontrándose cada vez más con la gravedad de los impactos mineros, dejando heridas profundas e inmisericordes en el seno de la tierra y de las comunidades, que son síntoma de la “única y compleja crisis socio ambiental” (LS 139).

En la carta los participantes constatan las prácticas repetitivas  por parte de las empresas en todas las latitudes, que “bajo el amparo de la elaboración de leyes  ofensivas para la vida”, protegen “sus proyectos operacionales e intereses de lucro”. Con esa desproporción de fuerzas e influencias, afirman, “es prácticamente imposible que haya un diálogo respetuoso y atento de las empresas y los gobiernos para con las exigencias de los más pobres”. Recuerdan entonces que el Papa Francisco en su encíclica recomienda fuertemente “grandes caminos de diálogo”, pero los vincula todos a responsables procesos políticos y de toma de decisiones a nivel internacional, nacional y local (LS 164-198).

Consideramos – prosiguen – que  el camino más adecuado para la gestión de los conflictos entre las comunidades que reclaman el derecho al territorio y los proyectos de las empresas, con aval de los  estados, sea el total respeto de los derechos humanos y de las leyes y tratados ya existentes y la definición de nuevos instrumentos regulatorios, políticos, jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional (LS 177); “pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes, quienes se preguntan qué quieren para ellos y para sus hijos” subrayan. Las comunidades tienen el derecho de decir ‘no’ a la minería. Y en este sentido recalcan la importancia de garantizar áreas libres de la minería.

Los participantes en el encuentro agradecen a la Iglesia católica por escuchar “el grito” de los afectados por la minería, “queremos continuar caminando con esperanza “para que venga el Reino de justicia, paz, amor y belleza”.

 

(MCM-RV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








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