Se anula en Colombia el decreto que reglamentaba el aborto
(RV).- Tal como informa el Episcopado colombiano, el Consejo de Estado declaró la
nulidad del Decreto 4444 del 2006, expedido por el Presidente de la República de Colombia,
que reglamentó la prestación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva.
La
Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, explicó
que el Gobierno Nacional, al expedir dicha norma, trató de reglamentar la Sentencia
C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción voluntaria
del embarazo en tres casos específicos, sin haber una ley de por medio.
A juicio
del Alto Tribunal, el Gobierno solo puede ejercer la facultad reglamentaria que le
otorga el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, cuando exista una
ley previa que reglamentar.
El fallo no estudió el fondo del contenido del
Decreto, es decir, no abordó temas como la objeción de conciencia ni la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE), pues estimó innecesario hacerlo debido a que la simple
expedición de la norma fue ilegal.
Sin embargo, aclaró que esta decisión no
significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente
dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con dichos
temas, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación
legal.
Esta norma estaba suspendida provisionalmente desde el 2009, por decisión
del Consejo de Estado.
Según el Decreto, las Entidades Promotoras de Salud,
las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas
de Medicina Prepagada, las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de
Salud, las entidades responsables de los regímenes de excepción y los prestadores
del servicio de salud de todo el territorio nacional debían tener disponibles los
servicios de IVE para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago
y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud e impedía imponer barreras
administrativas para postergar la prestación de dichos servicios.