(RV).- Los miembros de la Comisión de Drogodependencia de la Conferencia Episcopal
Argentina con motivo del día internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas hizo pública una nota en la que destacan que en estos días se están
tratando en Comisiones de la Cámara de Diputados algunos anteproyectos acerca de la
tenencia de drogas para el consumo personal. Y afirma que en general se habla de “despenalización”
a secas, como si éste fuera el aspecto más importante a abordar en esta problemática.
Al considerar que en varias ocasiones se ha llegado a proponer como modelo
la legislación sancionada en Portugal para su despenalización, recuerdan que el Congreso
lusitano tomó esta medida juntamente con una serie de recaudos y contenciones socio-sanitarias
que no figuran en los anteproyectos en análisis.
Por esta razón afirman que
la Ley debe tener en cuenta a todas las personas. La droga es nociva y siempre provoca
daño a la salud. Pero golpea con mayor dureza en los más débiles. Por esto se preguntan
si ¿se puede resguardar a los pobres el derecho a drogarse cuando no tuvieron garantizados
los derechos a la alimentación en su infancia, a la vivienda digna, a la atención
sanitaria, a la educación de calidad, a las cloacas, al deporte y tantos otros?
En
cuanto al hecho de que algunos medios, al referirse a la mirada de la Iglesia escriben
que “la Iglesia se opone a la despenalización”, aclaran que esto es parcializar el
mensaje. Puesto que la Iglesia siempre ha afirmado que no se debe criminalizar al
adicto; al tiempo que añade que si no se le brindan posibilidades concretas de recuperación,
el que es pobre termina robando o prostituyéndose o mendigando para comprar la sustancia.
Y ninguna de esas alternativas se corresponden a su dignidad, y terminan irremediablemente
afectando a terceros. Es por eso que insisten en que la discusión no puede estar reducida
a despenalizar sí o no, sino que hay que inscribirla en un marco más amplio.
Es
imprescindible crear otras alternativas que orienten las acciones no hacia cuestiones
penales, sino a la verdadera atención de los que sufren la enfermedad, alentando y
fortaleciendo a la sociedad toda para desarrollar condiciones de vida dignas alejadas
de la esclavitud a que someten las drogas.
De ahí la insistencia en que “es
importante contextualizar socio-culturalmente la legislación. Si el mensaje que reciben
los jóvenes y la sociedad favorece el consumo y pone más cerca a la droga, seguiremos
en camino de deterioro cada vez mayor”.