Obispos de Panamá denuncian defunciones injustificadas en hospitales y piden la verdad

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Panamá, hizo público, ayer, un comunicado sobre la situación del servicio sanitario en el país, ante el alto número de personas que han perdido la vida, víctimas de la crisis generada por las infecciones nosocomiales de la unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario Metropolitano. Los obispos afirman que nuevamente se verifica una lista injustificada de defunciones, como ha ocurrido en otros casos y hospitales, que “en su mayoría pudieron prevenirse y evitarse”.

Frente a estos hechos, la iglesia panameña reafirma, ante la opinión pública que la salud es la vida y, por consiguiente, es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Asimismo, constata el deterioro, la ineficiencia y la inequidad en las prestaciones de los servicios de salud en todos los niveles, como consecuencia de la falta de una política de salud pública integral, ética y humana. Por último, el episcopado panameño insta a las autoridades a atender esta crisis en el sistema de salud y piden informar a las familias cuyos pacientes hayan fallecido, sobre la verdad de las causas de sus decesos, así como una explicación clara, comprensible y creíble a la ciudadanía sobre la situación, de modo que se eviten alarmas innecesarias.

A.T.D

Texto completo

COMUNICADO
Las víctimas deben ser tratadas con justicia, respeto y dignidad

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Panamá, al igual que la población en general, se encuentra consternada por el número de personas que han perdido su vida, víctimas de la crisis generada por las infecciones nosocomiales de la unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario Metropolitano. Una vez más, nos encontramos ante una lista injustificada de defunciones, como ha ocurrido con los pacientes con insuficiencia renal; los sobre-radiados en el Hospital Oncológico Nacional y las intoxicaciones por el jarabe contaminado con dietilenglicol. Situaciones que en su mayoría pudieron prevenirse y evitarse.

Frente a estos hechos que causan profundo dolor a nuestras familias, consideramos de vital importancia manifestarnos sobre el particular y compartir con la opinión pública algunas consideraciones:

Reafirmamos que la salud es la vida y, por consiguiente, es un derecho fundamental que los Estados deben garantizar y al cual toda persona debe tener acceso sin privilegios ni exclusiones, tal como se consagra en nuestra Constitución.
Constatamos lo expresado por las comunidades, sobre el deterioro, la ineficiencia y la inequidad en las prestaciones de los servicios de salud en todos los niveles, como consecuencia de la falta de una Política Pública de Estado en materia de salud, con un enfoque integral, ético y humano que garantice el acceso y la calidad del servicio a toda la población.
Instamos a las autoridades gubernamentales a atender esta crisis en el sistema de salud como una prioridad de Estado, dándole la importancia debida a la población afectada y tomando, como ya se han anunciado, medidas inmediatas para evitar nuevos contagios e investigar de forma eficaz, rápida e imparcial sobre los casos de pacientes en estado crítico o que hayan fallecido a causa de la bacteria.
Demandamos informar a las familias cuyos pacientes hayan fallecido, sobre la verdad de las causas de sus decesos y ofrecerles un acceso equitativo, expedito y efectivo a la justicia así como medidas de reparación por los daños sufridos.
Es importante dar una explicación clara, comprensible y creíble a la ciudadanía sobre la situación, sin que se creen alarmas innecesarias entre la población.

“La Iglesia en su misión profética está llamada a anunciar el Reino a todos los que sufren, velando para que sus derechos sean reconocidos y respetados, así como también a denunciar el pecado y sus raíces históricas, sociales, políticas y económicas que producen males como la enfermedad y la muerte.” (CELAM). Discípulos y Misioneros en el Mundo de la salud, 2010.


Panamá, 8 de agosto 2011.