Venezuela: el cardenal Urosa ratifica en el Parlamento la inconstitucionalidad de
algunas leyes
Miércoles, 29 jul (RV).- El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino ratificó
ayer ante la Asamblea Nacional sus posiciones con respecto a la orientación socialista
marxista del gobierno del presidente Hugo Chávez, y la inconstitucionalidad de algunas
leyes aprobadas por el parlamento. Respondiendo a la invitación de la presidenta de
la Asamblea Nacional Cilia Flores, los 15 miembros de la comisión de coordinación
expusieron sus preguntas y escucharon al cardenal quien leyó un documento de siete
páginas, que en primer lugar, sostenía el derecho y deber de los obispos venezolanos
de decir lo que piensan sobre la vida pública en el país, sin intereses de poder o
políticos.
A pesar del rechazo a la petición del purpurado de transmitir
en vivo, a través de los medios de comunicación dicho encuentro, el cardenal enfatizó
el carácter sereno y respetuoso con el que fue recibido, tal como lo expresó a su
salida del edifico.
En su
exposición ante la Asamblea Nacional, el arzobispo de Caracas habló ampliamente sobre
la misión que cumple y debe cumplir la iglesia y sus miembros en el país para luego
aclarar los dos puntos polémicos de sus declaraciones. El cardenal Urosa, en primer
lugar, se refirió a sus declaraciones con respecto al presidente Hugo Chávez de querer
llevar al país “ por el camino del socialismo marxista” y en este sentido recalcó
que no ha dicho nada nuevo pues en varias ocasiones el mismo presidente ha afirmado
ser marxista y de querer convertir a Venezuela en un estado socialista.
En
segundo lugar, el arzobispo de Caracas dijo que respeta y nunca ha opinado en contra
de algunas instituciones del Estado, sino específicamente de algunas leyes que a su
juicio son inconstitucionales. Luego de enumerar siete leyes y un proyecto de ley,
el Cardenal Urosa manifestó su preocupación pues considera que las mismas “afectan
el pluralismo político, fundamental para la vida democrática, pues incorporan la concepción
socialista”, lo cual es ajeno a la Constitución, que habla de Estado social de Derecho
y de Justicia, y propugna como uno de los valores fundamentales el pluralismo político.
Según
los medios de comunicación, actores políticos y sociales de Venezuela, la reunión
del cardenal con los parlamentarios fue muy positiva en todos los sentidos, tal como
lo expresó monseñor Ovidio Pérez, presidente del Concilio Plenario de Venezuela al
canal de la televisión, Venevisión.
TEXTO
COMPLETO DE LA EXPOSICIÓN DEL CARDENAL JORGE UROSA SAVINO ANTE LA COMISIÓN COORDINADORA
DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ciudadana
Presidenta y demás diputadas y diputados de la Comisión Coordinadora de la Asamblea
Nacional:
Con la mejor buena voluntad y en espíritu
de diálogo abierto, sereno y respetuoso, acudo ante ustedes atendiendo la cordial
invitación de la Cdna. Diputada Cilia Flores, Presidenta de este Cuerpo Legislativo.
Agradezco también la garantía ofrecida por la Cdna Presidenta con relación a mi seguridad
y respeto a mi dignidad y condición humana,
Con el respeto
y reconocimiento debidos a este cuerpo que representa el Poder Legislativo del Estado
Venezolano, vengo con Dios y con la Virgen como Arzobispo de Caracas, es decir, líder
religioso y Pastor de los 5 millones de católicos de Caracas, sin distinción de simpatías
políticas; Cardenal de la Iglesia en Venezuela y Presidente de honor de la Conferencia
Episcopal Venezolana, integrada por 45 Obispos estrechamente unidos en nuestro servicio
religioso al pueblo de Venezuela.. En mi tarea pastoral en Caracas me acompañan los
Obispos Auxiliares y más de 500 sacerdotes y diáconos, y 1.100 religiosas y religiosos
que sirven permanentemente las necesidades pastorales de los caraqueños. También miles
de laicos comprometidos que trabajan en las actividades pastorales de la Iglesia.
Viviendo la opción por los pobres como sacerdote caraqueño, además de mis labores
como formador de sacerdotes en los Seminarios eclesiásticos de Caracas, trabajé durante
11 años en un barrio popular, el barrio Casa de Tabla, conocido ahora como “Cecilio
Acosta”, en Maca, Petare.
Soy un Obispo, Pastor de
la Iglesia, servidor de Jesucristo y del pueblo venezolano todo. En esa condición
he actuado y hablado sobre las cuestiones sociales. No me considero ni me he considerado
nunca, y no he actuado en ningún momento como actor u operador político. Soy vocero
de Jesucristo y de las inquietudes y del interés del pueblo venezolano por la paz,
el encuentro, la inclusión, y por el respeto a los derechos humanos civiles, sociales,
y políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
No soy vocero de ninguna parcialidad política.
MISIÓN
DE LA IGLESIA Y DERECHOS DE LOS OBISPOS
En los debates
de estos días se ha hablado mucho sobre la misión de la Iglesia, más específicamente
sobre la competencia y participación los Obispos en la vida nacional. Antes de hacer
algunas consideraciones de carácter religioso o teológico sobre el tema, quisiera
destacar que el art. 62 de la Constitución claramente afirma el derecho de todos los
ciudadanos venezolanos a participar activamente en la vida pública. Cito: “Todos los
ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos
públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”. Y el
art. 132 va más allá: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades
sociales y participar solidariamente en la vida política, social y comunitaria del
país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia
democrática y de la paz social”. En cumplimiento de esta disposición constitucional,
la participación en la vida pública de los Obispos, Pastores de la Iglesia en Venezuela,
va en la línea del relacionamiento y convivencia de los ciudadanos con el libre ejercicio
de sus derechos; no como búsqueda o ejercicio del poder político, ni mucho menos como
expresión de la legítima participación de los ciudadanos en partidos políticos. Repito,
no somos operadores políticos.
De manera que, cuando
los Obispos, desde nuestra misión pastoral, religiosa y espiritual, expresamos opiniones
sobre aspectos de la vida social o política del país, lo hacemos con pleno derecho
como ciudadanos venezolanos, y cumpliendo el deber que nos impone la Constitución
Nacional de promover y defender los derechos humanos para el logro de la convivencia
democrática y de la paz social.
Pero es que, además,
nuestra condición cristiana y nuestra misma misión pastoral de constructores de la
paz, nos impone la opción por los pobres y el deber de velar por la vigencia de los
derechos humanos. Cristo nos dice que seremos juzgados por el amor. El nos dice que
entraremos al Reino de los Cielos “porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed
y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, preso y enfermo, y me visitaste”,
etc. (Mt, 25)
La Misión Pastoral de la Iglesia no es
solamente celebrar actos de culto, sino anunciar a Jesucristo y su Evangelio del
amor a Dios y del amor fraterno, del respeto a la vida y los derechos de los seres
humanos; es promover la convivencia social en el marco de la libertad y la justicia.
Los Mandamientos de la Ley de Dios son un llamado a una convivencia social libre,
justa, fraterna. Y eso es lo que nos mueve a los Obispos venezolanos a pronunciarnos
sobre la vida social y pública del país.
Al respecto
quiero destacar que no es ahora, en los últimos años, cuando los Obispos hemos hecho
llamados a la conversión moral en lo social y a la renovación del corazón en la vida
política, económica y social de Venezuela según la Doctrina Social de la Iglesia.
Quiero recordar aquí, entre muchos, algunos documentos de aplicación de la Doctrina
Social de la Iglesia publicados a lo largo de estos años, durante diversos gobiernos:
el documento “Iglesia y política”, de 1973”; “La Situación social del País, de enero
de 1974” en el cual se habla de la necesidad de que se promueva un progreso más
efectivo, dirigido al beneficio de todos, pero especialmente a los sectores menos
favorecidos, y particularmente a los marginados. El documento sobre Las Misiones y
los Indígenas, de julio de 1977, en el cual se rechazan abiertamente las violaciones
a los derechos humanos de los indígenas; la Carta pastoral de Cuaresma de 1980, profética
en su diagnóstico y en sus propuestas, en la cual, al hacer un apremiante llamado
a la conversión moral, se afirma que la situación social de Venezuela configuraba
una situación personal, colectiva y estructural de pecado; el documento sobre la vivienda,
de enero de 1986, y el documento sobre el desempleo, de julio de 1987; el documento
publicado en enero de 1988 con motivo de los 25 años del 23 de enero de 1958. Especial
relieve merece la Exhortación “La recuperación del país” publicada luego del Caracazo,
el 8 de abril de 1989, en la cual se hace un diagnóstico severo y muy claro sobre
la situación política, económica y social de Venezuela, y se condena la masacre de
El Amparo.
Otro documento de especial significación
es el titulado “Constructores de la Paz”, publicado el 10 de enero de 1992, donde
se alude, entre otras cosas, a los asesinatos cometidos por funcionarios de los cuerpos
de seguridad del estado. Allí advertíamos: “Sin una respuesta pronta y efectiva a
esas urgencias, no habrá paz social con los consiguientes peligros de anarquía o de
tentaciones a soluciones de fuerza” Tres semanas después sucedieron los hechos del
4 de febrero.
De manera que no ha sido solamente en
estos últimos 11 años y medio cuando los Obispos venezolanos, en cumplimiento de nuestra
misión religiosa y pastoral al servicio del pueblo de Venezuela, y en el ejercicio
de nuestros derechos constitucionales hemos hecho apremiantes llamados al diálogo,
a la atención de las necesidades del pueblo, a la defensa de los derechos humanos,
a la inclusión y a la convivencia social, a la justicia como base de la paz. No nos
encerramos en las sacristías, ni nos escondemos tras el incienso de las ceremonias.
Somos Obispos de una Iglesia viva y activa, comprometida con el pueblo venezolano.
Y
esto lo hacemos como respuesta al llamado del Concilio Vaticano. II que nos dice:
“Es
de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe
con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres
sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden
político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación
de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio
y para bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones” (GS. 76)
Y
al Documento de la Vª Conferencia General de los Obispos latinoamericanos y del Caribe,
Aparecida, que afirma:
504 “Consciente de la distinción
entre comunidad política y comunidad religiosa, base de sana laicidad, la Iglesia
no dejará de preocuparse por el bien común de los pueblos y, en especial, por la defensa
de principios éticos no negociables porque están arraigados en la naturaleza humana”.
Pero
sobre todo, los Obispos hablamos en respuesta al evangelio de Nuestro Señor Jesucristo
que nos llama a ser misericordiosos y a atender las necesidades de nuestros hermanos:
Recordemos la parábola del buen samaritano. El modelo que nos presenta Jesús es el
samaritano que ayuda a un desconocido en desgracia. (Lc, 10,33 ss).Y el apóstol Santiago,
recalcando la necesidad de la caridad concreta hacia los demás nos dice: “La religión
pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y viudas en su
tribulación”… (St. 1, 27)
En el cumplimiento de nuestra
Misión pastoral con respecto a la vida concreta de los venezolanos, los Obispos actuamos
siempre como ministros de Jesucristo y como pastores del Pueblo de Dios, no buscando
el poder, sino como servidores y constructores de la paz. Por eso cuando hablamos
en cuestiones de orden social siempre apelamos a la conversión moral, a la necesidad
de modificar las conductas, a la rectificación de políticas que consideremos equivocadas,
a la necesidad de que todos nos consideremos hermanos en una casa común, una familia,
miembros de un solo pueblo, el pueblo venezolano, sin exclusiones de ningún tipo.
Permanentemente invitamos al diálogo entre los diversos sectores, a la convivencia,
a la búsqueda de soluciones para los diversos problemas del país. Valores como justicia,
paz, diálogo y reconciliación son los que guían nuestro ánimo y nuestros documentos
en materia social.
MIS DECLARACIONES
Ustedes
me han invitado para que, explique las razones que sustentan las denuncias que presuntamente
habría realizado, “en contra del Comandante Hugo Chávez, Presidente Constitucional
de Venezuela y de las Instituciones del Estado Venezolano” en recientes declaraciones.
Un
punto previo: suelo declarar muy poco. Y en mis actuaciones litúrgicas evito el tema
político partidista, y así lo exijo a todos los sacerdotes de la Iglesia en Caracas.
Mi predicación es religiosa, y de moral tanto individual como social; no es una predicación
partidista.
Ahora bien: quiero decir respetuosamente
que en mis declaraciones sí he emitido opiniones, pero no he formulado “acusaciones
ni denuncias”. No es mi ánimo o intención. He emitido mis opiniones amparado por
los valores consagrados en nuestra Constitución, tales como la democracia, la preeminencia
de los derechos humanos y el pluralismo político, consagrados en el art. 2 de nuestra
Carta Magna, y el deber del Estado de garantizar el cumplimiento de los principios,
derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
He
emitido mis apreciaciones como ciudadano venezolano en pleno goce de los derechos
que me otorga la Constitución, a la cual me acojo, teniendo en cuenta que, - como
dice el Art. 19 - “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable… de los
derechos humanos…Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder
Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos
suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. Como
ciudadano venezolano también reivindico, a tenor del art. 39, mi titularidad de derechos
políticos de acuerdo con la Constitución, y en particular mi derecho a mi integridad
física, psíquica o y moral, consagrado en el art. 46. También reivindico el derecho
consagrado en el art. 60 que reza: “Toda persona tiene derecho a la protección de
su honor, vida privada, intimidad, propia imagen confidencialidad y reputación”. Por
eso exijo que cesen los ataques que contra mi persona se difunden en algunos programas
de medios de comunicación del Gobierno.
He emitido opiniones
con seriedad, expuesto a equivocarme, pero no he dicho mentiras. Mentir es decir algo
que uno sabe falso como si fuera verdad. Opinar es emitir una apreciación con algún
margen de error. Con humildad pero con dignidad afirmo que no soy mentiroso.
He
emitido opiniones acogiéndome al art. 57 de la Constitución que reza: “Toda persona
tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva
voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para
ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por lo expresado”.
Y
es bueno recordar que, a tenor del art. 141 de la Constitución, la Administración
Pública, se fundamenta “en los principios de honestidad, participación, eficacia…
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”. ¿No
implica esto que en su gestión los funcionarios están sujetos al escrutinio, opinión
y crítica de los ciudadanos? Yo he expresado mis opiniones en ejercicio del legítimo
derecho a la crítica sobre la actuación de funcionarios en asuntos de naturaleza pública
e interés colectivo.
En este marco, y en concreto, quiero
decir dos cosas:
En primer lugar he opinado que el
Presidente Chávez quiere llevar al país por el camino del socialismo marxista. Pues
bien: no he dicho nada nuevo, pues el Presidente en varias ocasiones ha afirmado ser
marxista, como lo hizo, por ejemplo en esta Asamblea el 15 de enero de 2010, y está
decidido, lo dice permanentemente, a convertir a Venezuela en un estado socialista.
Opino que llevarnos por este camino implicaría dejar a un lado importantes principios
consagrados en la actual Constitución.
El Estado socialista
marxista es totalitario, pues copa todos los espacios, tal como sucedió en los países
sometidos al régimen socialista o comunista, como los de Europa Central, la Unión
Soviética en el pasado, y Cuba todavía en el presente.
En
segundo lugar quiero aclarar que en ningún momento he opinado negativamente en contra
- y mucho menos he atacado - a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia
o a la Fiscalía General de la Nación. Respeto todas las Instituciones del Estado
y nunca me he referido a ellas de manera negativa en los medios de comunicación. Respeto
igualmente y nunca he ofendido al Ciudadano Presidente de la Republica.
Mis
opiniones no van en contra de las instituciones. Simplemente expreso mis apreciaciones
sobre algunas actuaciones. Al opinar que algunas leyes me parecen inconstitucionales
no ataco, ni desconozco, ni actúo en contra de la Asamblea, sino que me parece que
esas leyes van al margen o contrarían el espíritu y en algunos casos la letra de la
Constitución. Ejerzo así mi derecho a participar en la vida pública del país, en
el marco del pluralismo consagrado por la Carta Magna, y en uso de la libertad de
expresión, tan querida por todos los venezolanos. De hecho se han dado muchos casos,
antes y ahora, de que personas o instituciones acudan legítimamente al Tribunal Supremo
a cuestionar la constitucionalidad de algunas leyes.
Mi
opinión de que algunas leyes contrarían el espíritu o el texto constitucional es
sostenida también por algunas instituciones de gran prestigio, tales como la Asociación
Venezolana de Derecho Constitucional (15 de dic. de 2009), la declaración de Decanos
de Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de algunas Universidades; El Consejo
Superior de la Federación de Colegios de Abogados, entre otros. Esa opinión también
ha sido manifestada públicamente en la Asamblea por algunos diputados.
ALGUNAS
LEYES PREOCUPANTES
En concreto, algunas leyes que me,
en mi opinión, parecen estar en contradicción con la Constitución en algunos aspectos,
son:
la Ley del Consejo Federal de Gobierno,
la Ley de
reforma de la Ley Orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias
del Poder Público;
La Ley Orgánica de Educación;
la
Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
la Ley sobre la Organización
y régimen del Distrito Capital;
La Ley para la Defensa de las Personas
en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley del Indepabis),
La Ley Orgánica
de Procesos Electorales.
Y el actual Proyecto de Ley de Comunas.
En
general, esas leyes afectan el pluralismo político, fundamental para la vida democrática,
pues incorporan la concepción socialista, para implantar una Patria socialista, lo
cual consagra como obligatoria para todos los venezolanos una ideología, un sistema
y un partido, lo cual es ajeno al espíritu y a la letra de la Constitución, que habla
de Estado social de Derecho y de Justicia, y propugna como uno de los valores fundamentales
el pluralismo político. Van en una línea de centralización del poder, en contra del
federalismo y la descentralización, lo cual vulnera las capacidades de acción de los
venezolanos de la provincia. Todas estas leyes van en la línea de darle más poder
al Gobierno central y a la Presidencia de la República, en detrimento de las capacidades
y el poder del pueblo, de la gente, de de las regiones, de la familia, del ciudadano,
y consagran un Estado y un Gobierno cada vez más poderoso por encima de la acción
e iniciativa de la gente, de los ciudadanos comunes.
Al
concluir esta exposición quiero reafirmar, junto con mis hermanos los Obispos de la
Iglesia Católica en Venezuela, nuestra opción por los pobres, nuestra actitud de
disposición al diálogo, de servicio al pueblo venezolano, de participación en el marco
de los derechos que nos otorga la Constitución, y en cumplimiento de nuestro deber
como pastores al servicio del Pueblo de Dios sin discriminaciones políticas ni de
ninguna clase, que vive en concreto en condiciones históricas sociales, económicas
y políticas que todos hemos de procurar mejorar.
Reafirmo
mi condición de Pastor de la Iglesia, a la cual sirvo en nombre de Jesucristo, con
el propósito de que su “Reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia,
de amor y de paz”, se haga realidad en el corazón de los venezolanos, a través de
la fe en Dios, y a través de la convivencia fraterna y solidaria. Pido a Dios Nuestro
Señor que bendiga a nuestra querida Venezuela, a Ustedes, a todo nuestro pueblo y
que nos acompañe siempre la maternal intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora
de Coromoto. Amen