El fenómeno de la corrupción no tiene límites geográficos

Jueves, 5 oct (RV).- «La lucha contra la corrupción». Es el título de una nota publicada por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, que resume los puntos principales de la conferencia sobre este tema, organizada el pasado mes de junio por el mismo dicasterio y en la que participaron funcionarios internacionales, diplomáticos y expertos de este fenómeno. La nota está firmada por el cardenal Renato Martino y por mons. Giampaolo Crepaldi, presidente y secretario, respectivamente, de este Pontificio Consejo.

La nota de presentación del documento recuerda que el fenómeno de la corrupción, «presente tanto en los países ricos como en las naciones pobres, no tiene límites políticos y geográficos» y que, «dilatado por el proceso de globalización, no sólo provoca graves daños materiales a los estados y pueblos, sino que, además, produce efectos aún más deletéreos en la dimensión cualitativa y humana de la vida social».

Tras hacer hincapié en que «para conocer mejor la naturaleza del fenómeno de la corrupción, para establecer los métodos más eficaces que puedan contrastarlo y para aclarar la contribución que la Iglesia puede brindar al respecto», el Pontificio Consejo Justicia y Paz promovió la conferencia internacional del pasado mes de junio, el mismo documento reitera que la corrupción, que «atraviesa todos los sectores sociales y no puede atribuirse solo a los operadores económicos o a los funcionarios públicos», está favorecida, entre otras cosas, «por la disparidad de nivel en las formas de combatirla, a menudo limitada al interior del Estado, mientras su radio de acción es (...) internacional».

La Nota recuerda además que según el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, la corrupción «trastoca en su raíz el papel de las instituciones representativas», que se utilizan como «terreno de trueque político entre las peticiones de los interesados y las concesiones de los gobernantes. De este modo, las decisiones políticas favorecen los objetivos limitados de cuantos poseen los medios para influenciarlas e impiden el bien común de todos los ciudadanos. La corrupción es una de las causas que contribuyen al subdesarrollo y a la pobreza, privando a los pueblos del bien común fundamental que es la legalidad».

La nota del Pontificio Consejo Justicia y Paz afirma que, para superar la corrupción, «es positivo el paso de sociedades autoritarias a sociedades democráticas, (...) de sociedades centralizadas a participativas", y señala que, sin embargo, este proceso de apertura social no está exento de peligros. Puesto que puede socavar «la solidez de las convicciones morales» y «facilitar la exportación de la corrupción».

Para evitar estos peligros, la doctrina social de la Iglesia se afianza en el concepto de ‘ecología humana’, (Centesimus annus, 38) impulsado con tanto ahínco por el Siervo de Dios Juan Pablo II, que consiste en el respeto de las estructuras naturales y morales fundamentales, con las que el Creador ha dotado al hombre. «Si la familia no es capaz de cumplir con su tarea educativa, si leyes contrarias al auténtico bien del hombre – como aquellas contra la vida – deseducan a los ciudadanos sobre el bien. Si la justicia procede con lentitud excesiva; si la moralidad de base se debilita por la trasgresión tolerada; si se degradan las condiciones de vida; si la escuela no acoge y emancipa, no es posible garantizar la ‘ecología humana’, cuya ausencia abona el terreno para que el fenómeno de la corrupción eche sus raíces».

Asimismo, la nota manifiesta que la Iglesia puede jugar un papel «cada vez más relevante en la prevención de la corrupción, contribuyendo eficazmente a la educación y formación moral de los ciudadanos, especialmente con los principios orientadores fundamentales de su doctrina social: dignidad humana de la persona, bien común, solidaridad, subsidiariedad, opción preferencial por los pobres, destino universal de los bienes».

Como se afirmó en la mencionada conferencia internacional del pasado mes de junio, la nota del dicasterio pontificio subraya que «la lucha contra la corrupción es un valor, pero también una necesidad; la corrupción es un mal, pero también supone un coste; el rechazo de la corrupción es un bien, pero también una ventaja; el abandono de las prácticas corruptas puede generar desarrollo y bienestar; los comportamientos honestos deben ser incentivados y los deshonestos penalizados».

Desde el punto de vista internacional, concluye el mismo documento, «dado que el crimen organizado no tiene fronteras, hay que aumentar la colaboración entre los gobiernos, también con acuerdos sobre procedimientos para confiscar y recuperar lo que se ha percibido ilegalmente».