Día Internacional de Solidaridad con los Inmigrantes
Viernes, 17dic /RV).- El 18 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional
de los Inmigrantes porque en el mundo un tres por ciento de la población se encuentra
en esta situación.
Desde 1997, organizaciones de inmigrantes filipinas y asiáticas comenzaron a celebrar
el 18 de diciembre como el Día Internacional de Solidaridad con los Inmigrantes. Esta
fecha fue elegida porque fue el 18 de diciembre de 1990 el día en que la ONU adoptó
la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de todos los
Trabajadores Inmigrantes y sus Familias. Posteriormente, con la recomendación del
Consejo Económico y Social (decisión 2000/288, de 28 de julio de 2000), la Asamblea
General proclamó el 18 de diciembre Día Internacional del Inmigrante (resolución 55/93,
de 4 de diciembre de 2000).
La última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, han sido escenarios
de cambios a nivel social, económico y político en casi todas las regiones del planeta.
Una de las transformaciones más estridentes fue la llamada globalización de la economía;
proceso al que se adjudicó la responsabilidad de buena parte de los cambios percibidos
a nivel social o político, como la emergencia de sociedades multiculturales y multiétnicas
y las pretensiones pluralistas en el plano político. De este modo, la inmigración
internacional se convirtió en un tópico de reflexión de los procesos asociados a la
globalización y a sus consecuencias económicas, políticas y sociales.
La causa de dicha inmigración, es en muchos casos, la búsqueda de trabajo, mejores
oportunidades laborales y las expectativas de un mejor nivel de vida, acceso a la
educación, vivienda y cuidado de la salud. Sin embargo, en algunos países, han sido
los procesos bélicos los que han inducido a la población a desplazarse en busca de
seguridad y protección de sus derechos fundamentales.
Este problema se torna aún más complejo por las reglamentaciones inmigratorias de
cada país que afectan a la situación jurídica de los inmigrantes, trátese de trabajadores
migratorios, refugiados o asilados. Asimismo, a pesar del reconocimiento de la universalidad
de los derechos humanos, todavía siguen produciéndose actos de discriminación étnico-racial,
religiosa, de género, xenofobia e intolerancia, que amenazan la dignidad, la convivencia
y el respeto que debe existir entre personas, grupos y naciones. El racismo y la discriminación
en sus distintas formas atentan contra los derechos humanos y los principios y prácticas
de la democracia como forma de vida y de gobierno.
Actualmente, según la Organización Internacional para las Inmigraciones, un ser humano
de cada 35 es un inmigrante en busca de mejores condiciones de vida; 175 millones
de seres humanos, es decir aproximadamente el 3% de la población mundial, se encuentra
en esta situación. Según el documento, Estados Unidos es el país con más cantidad
de inmigrantes en 2000, 35 millones, le sigue Rusia con 13.3 millones; Alemania 7.3
millones; Ucrania 6.9 millones; Francia 6.3; India 6.3; Canadá 5.8; Arabia Saudí 5.3
y Australia con 4.7 millones.
En lo que corresponde a las remesas, la India encabeza la lista en 2000 con 11 mil
500 millones de dólares, seguida de México (6 mil 500 millones de dólares), Turquía
(4 mil 500 millones), Egipto (3 mil 700 millones), España (3 mil 400 millones), Portugal
(3 mil 100 millones) y Marruecos (2 mil 100 millones).
Ante este panorama, la proclamación hecha por la ONU del Día Internacional de los
Inmigrantes es un paso importante, que ofrece un punto de reunión para todos en el
mundo preocupados por la protección de los inmigrantes. Este día se apoya en la Convención
Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de todos los Trabajadores
Inmigrantes y sus Familias, la cual es aplicable a todos los trabajadores inmigratorios
y a sus familiares sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción,
opinión política o de otra índole, origen, nacionalidad, situación económica, estado
civil o cualquier otra condición. Sin embargo, este notorio avance en materia de regulación
específica es todavía una aspiración no cumplida.
Resulta imprescindible que los Estados garanticen las protección de todos los derechos
humanos de los trabajadores inmigratorios y sus familias, de los refugiados, los asilados,
así como de las poblaciones minoritarias y de las víctimas de discriminación étnico-racial,
laboral y de género, de conformidad con los instrumentos internacionales correspondientes
y de los principios generalmente aceptados del derecho internacional, así como también,
que se creen las condiciones que promuevan una mayor armonía entre ellas y el resto
de la sociedad.